Las notas diplomáticas ya no serán suficientes. Ante la escalada de operativos migratorios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos —conocido como ICE— que han derivado en detenciones y, en algunos casos, en afectaciones documentadas contra ciudadanos mexicanos, el gobierno federal anunció que prepara acciones en el plano jurídico internacional que van más allá de los canales diplomáticos convencionales. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el anuncio desde Palacio Nacional.
Para Sonora, estado fronterizo con una de las dinámicas migratorias más activas del país, el tema no es abstracto. Comunidades del norte de la entidad —desde Nogales hasta San Luis Río Colorado— mantienen vínculos familiares y laborales directos con el sur de Arizona. Decenas de familias sonorenses tienen integrantes con estatus migratorio en proceso o en situación irregular en ese estado, lo que convierte cada operativo del ICE en una posibilidad real de separación o deportación.
El gobierno mexicano ha activado la red consular en respuesta a los reportes de afectaciones. Los consulados en ciudades como Tucson, Phoenix y Los Ángeles han intensificado la atención a connacionales detenidos o en riesgo, ofreciendo orientación legal y acompañamiento en casos que así lo requieran. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la instancia que coordinará las medidas jurídicas anunciadas, aunque los alcances específicos no han sido detallados de manera pública.
Las medidas jurídicas a las que alude el gobierno federal podrían incluir mecanismos de derecho internacional, recursos ante organismos multilaterales o demandas formales en instancias específicas, aunque hasta el momento no se ha precisado la ruta legal concreta. Lo que sí está sobre la mesa es que México considera que ciertas acciones de ICE podrían constituir violaciones a tratados y acuerdos que regulan el trato a personas extranjeras bajo custodia.
Para Sonora, el siguiente paso relevante será conocer si la Secretaría de Relaciones Exteriores extiende una comunicación directa con las autoridades estatales para coordinar atención a las familias afectadas en la entidad. Mientras tanto, el consulado en Nogales permanece como la primera línea de atención para quienes busquen información sobre familiares detenidos o deportados en la región fronteriza.